lunes, 20 de diciembre de 2010

Carta a la Alta Comisionada de NNUU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, pidiendo una auditoría convencional a l sistema judicial en Bolivia


Arlington VA, diciembre 16 de 2010

Señora:
Dra. Navanethem Pillay
ALTA COMISIONADA DE NACIONES UNIDAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Ginebra.-


Distinguida Señora:

Cuando a poco de dejar mi país en enero de este año le escribí una carta a su representante del Alto Comisionado en Bolivia (carta a la que por cierto jamás recibí respuesta), denunciando que se canceló la separación de poderes y que se empleaba la justicia boliviana para descabezar a la oposición, demandando un pronunciamiento de NNUU sobre los procesos en mi contra, posiblemente dio la impresión que se trataba de un intento de legitimar la salida del país por parte de una ex autoridad sospechada de corrupción y contra la que el gobierno boliviano había interpuesto 18 demandas en un año.

Tras la sistemática suspensión de alcaldes y gobernadores de oposición ejecutada durante este año, mediante procedimientos jurídicos forzados cuando no dudosos, amparados en modificaciones al procedimiento procesal que violan el sistema garantista, ejecutadas por autoridades judiciales designadas por el Poder Ejecutivo y siempre bajo el argumento de corrupción e irregularidades en la función pública, creo que Naciones Unidas habrá cambiado en algo su percepción inicial sobre los procesos a dirigentes de la oposición y el respeto del gobierno boliviano por los derechos humanos.

Hace poco el jefe de mi bancada en la Cámara de Diputados y mi ex portavoz visitaron nuevamente la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bolivia con el cometido de entregar una carta en la que, acogiéndonos a la preocupación y las recomendaciones vertidas durante su visita a Bolivia, pedíamos a la Alta Comisionada solicitar al estado boliviano autorización para realizar una auditoría convencional, con el fin de constatar si los operadores de justicia, los instrumentos jurídicos y las acciones/decisiones judiciales respetaban los principios de derecho internacional que han comprometido respetar todos los países miembros de la comunidad de naciones.

Tras esa reunión, ambos me transmitieron su sensación de que efectivamente Naciones Unidas ha dejado de ver con excesiva benevolencia las acciones jurídicas que desde el estado se realiza contra autoridades y ex autoridades de oposición.

Pude constatar aquello, cuando a pocas horas de la reunión sostenida entre mis representantes y el abogado Miguel Desogus, el representante del Alto Comisionado en Bolivia Dennis Racicot se pronunció en medios periodísticos nacionales demandando “fundamentos reales” en los juicios contra opositores (PÁGINA SIETE, diciembre 09 de 2010), pedido que fue airada e inmediatamente respondido por la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Nardi Suxo que “invitó” a la OACDH a “revisar e interiorizarse” de los procesos a autoridades de oposición (LA RAZÓN, diciembre 11 de 2010).

Creo que esta apertura pública del gobierno boliviano a que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos revise de manera oficial los procesos a ex autoridades y autoridades de oposición, abre la oportunidad invaluable de que la Alta Comisionada instruya una auditoría convencional, que nos permita establecer, de manera técnica: a) si las leyes con las que se juzgan a dirigentes de oposición, b) las autoridades judiciales que ejecutan esos procesos y c) las sentencias y fallos evacuados respetan los protocolos y convenciones que el país ha suscrito en materia de derechos humanos y lucha contra la corrupción.

Considero además que, dadas las presiones que ejerce el gobierno boliviano sobre organismos nacionales e internacionales en el país, esta debe ser una tarea que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos asuma y ejecute al más alto nivel.

Finalmente quiero expresarle que comparto la percepción de su representante en Bolivia, el Sr. Racicot, sobre que el problema de la justicia es un problema estructural, y no de este gobierno. La inequidad y las limitaciones en el acceso de las grandes mayorías al sistema judicial, al igual que la discriminación y la corrupción procesal, son sin duda pasivos arrastrados por muchos años.

Pero sería inadmisible emplear esa realidad para disculpar el hecho de que – pretextando introducir ajustes al sistema judicial – se han aprobado leyes, administrado juicios y dictado sentencias que vulneran garantías protegidas por el sistema de naciones unidas y el sistema interamericano de derechos humanos, en el afán de descabezar sistemáticamente a la oposición en Bolivia.

Negarnos a ver que, a título de luchar contra la corrupción y contra el racismo, en Bolivia se está proscribiendo y privando de debido proceso a un grupo específico por sus ideas políticas, sería consentir este atropello que ya canceló, o está en proceso de cancelar, el mandato democrático, los derechos civiles y la libertad de expresión de los líderes de oposición en Bolivia y de todos los ciudadanos en última instancia.

Cuando denuncié la naturaleza viciada y política del sistema judicial en Bolivia, quizás el representante en Bolivia de la OACDH tuvo la impresión de que mi denuncia representaba la posición personal de una ex autoridad, que alegaba persecución política para defenderse de las demandas interpuestas por el estado boliviano. Creo que hoy la Alta Comisionada coincidirá en que ya no es posible discutir la judicialización y el uso político de la justicia boliviana y que esto se está convirtiendo en un problema estructural que amenaza no sólo los derechos humanos, sino la alternabilidad y el equilibrio democrático en Bolivia.

Atentamente,

Manfred Reyes Villa Bacigalupi
Ex candidato a la Presidencia de Bolivia y ex gobernador

C.Cp. Arch Adj. Lo citado

domingo, 27 de diciembre de 2009

Bolivia y el mundo merecen conocer la verdad de Manfred


Los bolivianos deben saber que mi condición es la de cualquier ciudadano garantizándose el derecho a la libre circulación y poniéndose a salvaguarda del persistente intento de detenerme políticamente,instruido de manera pública y en más de una ocasión por el presidente Evo Morales. El sábado 19 de diciembre de 2009, en la ANAPOL, reiteró su sentencia: Manfred debe ser detenido.

Las continuas y permanentes amenazas del primer mandatario, quién ya me juzgó declarándome
culpable previo a cualquier investigación o juicio legalmente establecido; amenazando con sanciones a la Policía Nacional de no lograr mi captura, ponen en evidencia el estado de indefensión al que pueden llegar en muy corto plazo el resto de los bolivianos.

No me persigue la justicia y no hay una orden de aprehensión en mi contra. No he dado un solo motivo para tal extremo, pese a que se pretende procesarme fuera de la jurisdicción y la competencia que dicta la ley. Por eso, denuncio que la persecución instruida por el gobierno en contra mía, de mi familia y mis colaboradores, es un atropello injustificable, nacido del odio y la intolerancia política.

Ninguna acusación de conducta antieconómica en mi contra tiene el respaldo de una auditoría que fundamente las sindicaciones y en ningún caso se me demanda desde instancias afectadas por esos supuestos delitos. Mi acusador es siempre el gobierno, a través de sus ministros, viceministros o interventores, que en la mayoría de casos actúan sin tener parte en los procesos.

Y no me demandan instancias independientes del gobierno, sino entidades intervenidas por sus agentes políticos. No me acusa un Contralor General que haya sido nombrado por dos tercios del Congreso, ni me demanda un Prefecto de Cochabamba electo por voto popular. El contralor y prefecto interinos son diputados oficialistas, nombrados discrecionalmente por el presidente Morales y sus dictámenes son acciones políticas que responden a su mandante y no al derecho.

Pero el gobierno no ignora que sus acusaciones no tienen efecto jurídico posible. Entiende la
improcedencia e improbabilidad de sus demandas pero igual las lleva adelante porque no le interesa la verdad sino generar un efecto de descalificación. No le importa el resultado jurídico sino crear un clima de criminalidad en torno mío y dudas en la opinión pública para ejecutar mi eventual detención.

Por mi parte reafirmo mi decisión de asistir, como hago desde hace 8 meses, a toda convocatoria
judicial en que sea imperativa mi comparecencia y recalco que no hubo una audiencia a la que no haya asistido, salvo que me estuviera legalmente permitido abstenerme.

Demando condiciones para que la justicia se administre en independencia del poder político y en el marco del debido proceso. Esto no será posible en tanto organismos internacionales, cuyos veedores electorales han reconocido la ausencia de garantías jurídicas en el país, no empiecen a abogar por la restitución del control de constitucionalidad y de una Corte Suprema de Justicia donde podamos ampararnos de jueces que, apoyados en el poder político, se prestan a enjuiciarnos sin competencia.

No se puede esperar justicia mientras las entidades de fiscalización permanezcan intervenidas y la inconstitucionalidad de sus acciones no se pueda impugnar. De no ser restituidas en breve las garantías de debido proceso en el país, me declaro dispuesto a someterme a tribunales internacionales que esclarezcan la verdad sin la presión política de ningún gobierno.

Ningún resultado electoral le da derecho a un gobernante a violar garantías elementales para eliminar a quienes disienten y no le sirve al país tener otro líder de la oposición bajo reclusión política. Un ex prefecto, alcaldes y dirigentes cívicos purgan encierro sin tener sentencia y tras ser aprehendidos por el gobierno sin respetarse el debido proceso. Bolivia no debe olvidar ese hecho fundamental.

Bolivia, 25 de diciembre de 2009


Manfred Reyes Villa Bacigalupi
Ex candidato a la Presidencia de Bolivia

viernes, 11 de diciembre de 2009

Mensaje al país, tras los comicios generales de diciembre de 2009 Compartir


Queridos hermanos bolivianos:

El resultado de esta elección es producto del debilitamiento sistemático de las instituciones de la democracia, ejecutado durante los últimos cuatro años desde el Gobierno Nacional, y de la enorme inequidad de las reglas de juego que logró imponer el Poder Ejecutivo.

Asumimos los resultados de esta elección, pero no podemos dejar de apuntar las profundas razones que llevaron a Bolivia a donde se encuentra hoy. No podríamos no apuntar en el balance final que la ausencia de Tribunal Constitucional y Corte Suprema de Justicia le dieron la posibilidad al gobierno de actuar en absoluta impunidad y aprobar disposiciones inequitativas que le dieron ventaja a momento de administrarse el proceso electoral, así como la posibilidad de hacer mal uso de recursos públicos sin que exista instancia jurídica que le encause por este delito.

No podríamos obviar decir que, teniendo la Contraloría General de la República intervenida, el MAS actuó sin control sobre el uso de recursos y bienes del Estado para favorecer la campaña de reelección de Evo Morales, mientras que la oposición no dispuso de recursos, ni un sólo centavo del Estado, para hacer campaña.

Pero no bastó con ampliar sus propias ventajas, sino que Evo Morales acudió también a cuanta chicana y maniobra estuvo a su alcance para limitar las posibilidades de competir de la Convergencia Nacional.

Judicializó al binomio opositor, violando las reglas del debido proceso que dicen que a ex autoridades debe juzgárselas en el Congreso y no en juzgados ordinarios. Logró convencer a un juez sin competencia de dictar un arraigo en mi contra evitando así nuestra campaña en las circunscripciones del exterior.

Ordenó ataques contra nuestra sede en La Paz y contra mi domicilio en Cochabamba, ordenó a sus grupos de choque reprimir a nuestra militancia en cada acto de protesta pacífica e instruyó a la fuerza pública obstruir la campaña de nuestros candidatos.

Como si no bastara, en la última fase, se desató un cruel guerra sucia involucrando montajes, falsificaciones y mentiras al más alto nivel para tratar de restarnos votos pretendiendo con un trucaje de adolescentes que Manfred quería irse del país después de las elecciones, o usando una falsificación de audio para acusarme de tratar de comprar resultados electorales.

Esas fueron las condiciones de la campaña y no podríamos obviarlas.

Pero pese a que no dispusimos de recursos, garantías jurídicas y reglas iguales para competir, logramos no menos que en anteriores ocasiones. La primera fuerza de oposición no es hoy menor que la lograda en 2005, aunque si es cualitativamente mejor.

Logramos evitar la dispersión de la oposición y concentrar a los líderes regionales en una sola gran fuerza, de igual proporción que la primera fuerza de oposición del último periodo, cuando hace cuatro meses se preludiaba que habrían cinco candidaturas que dispersarían el voto.

Se logró empujar a un recambio generacional importante, que llevo al Parlamento a los líderes regionales, que por tres años defendieron la democracia y la autonomía desde las barricadas de las regiones. Esta es una oposición moral que no se venderá, que no negociará y que no transará los principios elementales de democracia con el gobierno a cambio de ventajas empresariales o personales.

Por todo esto, y pese a que asumimos que Evo Morales se ha dado modos para ser nuevamente gobierno, no podríamos de ninguna manera aceptar la pretensión de que la oposición fue derrotada. No cuando el país tiene hoy una oposición consistente y verdadera, por primera vez en cuatro años.

Si hubo aquí algún derrotado fue el intento de fragmentar la oposición y dispersar el voto. Aquellas candidaturas que el gobiernos propició, esperando que la fuerza de la oposición se distribuyera en varias facciones, fracasó. El debate entre modelos de estado se ha consolidado, mientras que las terceras "opciones" que propiciaba el gobierno, son más débiles y lograron menos que en los comicios generales de hace cuatro años.

Dos serán las tareas de nuestros asambleístas hoy: legislar soluciones y transparentar el manejo estatal.

Nuestra experiencia municipalista y prefectural de los pasados cuatro años nos permitió emprender tareas de desarrollo que encontraron un límite en la ausencia de representación parlamentaria. Hubo políticas de seguridad y de empleo que requerían - y que jamás tuvieron - acompañamiento legislativo. Hoy, desde el Congreso, legislaremos esas soluciones que demanda el país para completar los esfuerzos inconclusos hechos desde las prefecturas.

Por otra parte, nuestra presencia parlamentaria servirá para fiscalizar y buscara garantizar la mayor transparencia posible en el manejo estatal. Esta bancada no se funcionalizará al MAS, ni encubrirá o se asociará a la aprobación de despropósitos contra la democracia como fueron la ampliación de la Constituyente en 2007, la aprobación del Revocatorio inconstitucional en 2008 o la aprobación del Referéndum Constitucional en 2009.

Por todo ello, convocamos a los bolivianos a no perder la esperanza, a seguir creyendo y a seguir confiando en que ahora Bolivia tiene una oposición moral, que la trinchera que nos ha dado la democracia no es más pequeña que un periodo atrás, pero que defintivamente su composición es mucho más íntegra.

Recuperar la democracia no se logrará en una elecció
n. Que Dios nos acompañe en esta sostenida tarea.

Manfred Reyes Villa

domingo, 20 de septiembre de 2009

Manfred y Leo: Un mensaje de reconciliación y unidad



Queridos hermanos bolivianos:

Cuando faltan menos de 80 días para los comicios generales más importantes de la historia republicana, corresponde hacer una reflexión sobre el camino recorrido durante esta breve pero agitada campaña por la recuperación de la justicia, la democracia y la república.

Han sido tres meses intensos desde mi retorno del exterior del país, tras consumarse el inconstitucional y fraudulento revocatorio. Han sido meses de judicialización y de persecución política, de agresiones verbales y físicas, de presión psicológica y guerra sucia.

Pero también han sido meses de tratar de gestar, sin resultado, un frente amplio nacional, en el que esperábamos poder confluir junto a todos aquellos que emprendieron el camino de tratar de darle al país algo en que creer.

Líderes como Marcial Fabricano, Adriana Gil, Gerard Ortiz, Pepelucho Paredes y tantos otos miles de bolivianos se sumaron a nuestra candidatura, pero la amenaza de la fragmentación se alimentaba de la dispersión de candidaturas.

El país pedía unidad pero la dispersión de la oposición amenazaba con perpetuar a Evo Morales en el poder. La gente esperaba vernos unidos, pero había empezado a perder la fe en nuestra capacidad de renunciamiento para lograr una sola alternativa nacional.

Al fin, un 31 de agosto, llegó la claridad. Fue el día que Leopoldo y yo entendimos que Bolivia estaba sumergida en una guerra simbólica y que sólo un símbolo de todo aquello por lo que queríamos luchar podría unificar a los líderes de la oposición y al país.

Lo demás queda para la historia. El tsunami político de agosto 31 recompuso el escenario de la política nacional. Frente a la fuerza simbólica de esta alianza, varios candidatos dieron señales de madurez y desprendimiento, permitiendo - ya sea con su adhesión o con su dimisión - construir un bloque de convergencia nacional.

Pero este último mes no ha sido fácil y sin duda la violencia y la intolerancia sufrida por nuestra miltancia en Caracollo, por nuestros jóvenes en Oruro y en puertas de la Corte Electoral, por Germán, Mario y el mismo Leopoldo en la cárcel de San Pedro, recrudecerá.

Pero nuestra convicción no podría ser más firme y la represión del gobierno sólo nos da la certeza de que el miedo ha empezado a cundir en el oficialismo, conforme la gente ha recuperado la capacidad de creer en que en diciembre es posible un verdadero cambio.

Nuestra mayor preocupación ahora es lograr que la palabra, la voz y la imagen de Leopoldo lleguen hasta nuestros compatriotas como un mensaje de tenacidad y firmeza frente a la adversidad; como una muestra de integridad que no se rinde ante nada; como un ejemplo de humildad y fortaleza.

Esta fotografía es el testimonio de hasta dónde puede llegar el espíritu humano en el afán de revindicar su libertad. Vamos a desafiar la violencia física y psicológica de los agentes del Ministerio de Gobierno, cada vez que sea necesario enviar un mensaje de coraje y dignidad.

Esta fotografía juntos, lograda no sin riesgos, quiere ser un mensaje de unidad y reconciliación entre bolivianos, entre oriente y occidente, entre campo y ciudad.

Esta imagen juntos debe ser un mensaje de esperanza que le enseñe a cada boliviano que no hay muros tan altos como para contener la voluntad de ser libre, que no hay tirano tan poderoso como para vencer la decisión de lograr un verdadero cambio.

Viva Bolivia unida, autonómica y soberana¡¡¡

Manfred