Los bolivianos deben saber que mi condición es la de cualquier ciudadano garantizándose el derecho a la libre circulación y poniéndose a salvaguarda del persistente intento de detenerme políticamente,instruido de manera pública y en más de una ocasión por el presidente Evo Morales. El sábado 19 de diciembre de 2009, en la ANAPOL, reiteró su sentencia: Manfred debe ser detenido.
Las continuas y permanentes amenazas del primer mandatario, quién ya me juzgó declarándome
culpable previo a cualquier investigación o juicio legalmente establecido; amenazando con sanciones a la Policía Nacional de no lograr mi captura, ponen en evidencia el estado de indefensión al que pueden llegar en muy corto plazo el resto de los bolivianos.
No me persigue la justicia y no hay una orden de aprehensión en mi contra. No he dado un solo motivo para tal extremo, pese a que se pretende procesarme fuera de la jurisdicción y la competencia que dicta la ley. Por eso, denuncio que la persecución instruida por el gobierno en contra mía, de mi familia y mis colaboradores, es un atropello injustificable, nacido del odio y la intolerancia política.
Ninguna acusación de conducta antieconómica en mi contra tiene el respaldo de una auditoría que fundamente las sindicaciones y en ningún caso se me demanda desde instancias afectadas por esos supuestos delitos. Mi acusador es siempre el gobierno, a través de sus ministros, viceministros o interventores, que en la mayoría de casos actúan sin tener parte en los procesos.
Y no me demandan instancias independientes del gobierno, sino entidades intervenidas por sus agentes políticos. No me acusa un Contralor General que haya sido nombrado por dos tercios del Congreso, ni me demanda un Prefecto de Cochabamba electo por voto popular. El contralor y prefecto interinos son diputados oficialistas, nombrados discrecionalmente por el presidente Morales y sus dictámenes son acciones políticas que responden a su mandante y no al derecho.
Pero el gobierno no ignora que sus acusaciones no tienen efecto jurídico posible. Entiende la
improcedencia e improbabilidad de sus demandas pero igual las lleva adelante porque no le interesa la verdad sino generar un efecto de descalificación. No le importa el resultado jurídico sino crear un clima de criminalidad en torno mío y dudas en la opinión pública para ejecutar mi eventual detención.
Por mi parte reafirmo mi decisión de asistir, como hago desde hace 8 meses, a toda convocatoria
judicial en que sea imperativa mi comparecencia y recalco que no hubo una audiencia a la que no haya asistido, salvo que me estuviera legalmente permitido abstenerme.
Demando condiciones para que la justicia se administre en independencia del poder político y en el marco del debido proceso. Esto no será posible en tanto organismos internacionales, cuyos veedores electorales han reconocido la ausencia de garantías jurídicas en el país, no empiecen a abogar por la restitución del control de constitucionalidad y de una Corte Suprema de Justicia donde podamos ampararnos de jueces que, apoyados en el poder político, se prestan a enjuiciarnos sin competencia.
No se puede esperar justicia mientras las entidades de fiscalización permanezcan intervenidas y la inconstitucionalidad de sus acciones no se pueda impugnar. De no ser restituidas en breve las garantías de debido proceso en el país, me declaro dispuesto a someterme a tribunales internacionales que esclarezcan la verdad sin la presión política de ningún gobierno.
Ningún resultado electoral le da derecho a un gobernante a violar garantías elementales para eliminar a quienes disienten y no le sirve al país tener otro líder de la oposición bajo reclusión política. Un ex prefecto, alcaldes y dirigentes cívicos purgan encierro sin tener sentencia y tras ser aprehendidos por el gobierno sin respetarse el debido proceso. Bolivia no debe olvidar ese hecho fundamental.
Bolivia, 25 de diciembre de 2009
Manfred Reyes Villa Bacigalupi
Ex candidato a la Presidencia de Bolivia
Queridos hermanos bolivianos:
El resultado de esta elección es producto del debilitamiento sistemático de las instituciones de la democracia, ejecutado durante los últimos cuatro años desde el Gobierno Nacional, y de la enorme inequidad de las reglas de juego que logró imponer el Poder Ejecutivo.
Asumimos los resultados de esta elección, pero no podemos dejar de apuntar las profundas razones que llevaron a Bolivia a donde se encuentra hoy. No podríamos no apuntar en el balance final que la ausencia de Tribunal Constitucional y Corte Suprema de Justicia le dieron la posibilidad al gobierno de actuar en absoluta impunidad y aprobar disposiciones inequitativas que le dieron ventaja a momento de administrarse el proceso electoral, así como la posibilidad de hacer mal uso de recursos públicos sin que exista instancia jurídica que le encause por este delito.
No podríamos obviar decir que, teniendo la Contraloría General de la República intervenida, el MAS actuó sin control sobre el uso de recursos y bienes del Estado para favorecer la campaña de reelección de Evo Morales, mientras que la oposición no dispuso de recursos, ni un sólo centavo del Estado, para hacer campaña.
Pero no bastó con ampliar sus propias ventajas, sino que Evo Morales acudió también a cuanta chicana y maniobra estuvo a su alcance para limitar las posibilidades de competir de la Convergencia Nacional.
Judicializó al binomio opositor, violando las reglas del debido proceso que dicen que a ex autoridades debe juzgárselas en el Congreso y no en juzgados ordinarios. Logró convencer a un juez sin competencia de dictar un arraigo en mi contra evitando así nuestra campaña en las circunscripciones del exterior.
Ordenó ataques contra nuestra sede en La Paz y contra mi domicilio en Cochabamba, ordenó a sus grupos de choque reprimir a nuestra militancia en cada acto de protesta pacífica e instruyó a la fuerza pública obstruir la campaña de nuestros candidatos.
Como si no bastara, en la última fase, se desató un cruel guerra sucia involucrando montajes, falsificaciones y mentiras al más alto nivel para tratar de restarnos votos pretendiendo con un trucaje de adolescentes que Manfred quería irse del país después de las elecciones, o usando una falsificación de audio para acusarme de tratar de comprar resultados electorales.
Esas fueron las condiciones de la campaña y no podríamos obviarlas.
Pero pese a que no dispusimos de recursos, garantías jurídicas y reglas iguales para competir, logramos no menos que en anteriores ocasiones. La primera fuerza de oposición no es hoy menor que la lograda en 2005, aunque si es cualitativamente mejor.
Logramos evitar la dispersión de la oposición y concentrar a los líderes regionales en una sola gran fuerza, de igual proporción que la primera fuerza de oposición del último periodo, cuando hace cuatro meses se preludiaba que habrían cinco candidaturas que dispersarían el voto.
Se logró empujar a un recambio generacional importante, que llevo al Parlamento a los líderes regionales, que por tres años defendieron la democracia y la autonomía desde las barricadas de las regiones. Esta es una oposición moral que no se venderá, que no negociará y que no transará los principios elementales de democracia con el gobierno a cambio de ventajas empresariales o personales.
Por todo esto, y pese a que asumimos que Evo Morales se ha dado modos para ser nuevamente gobierno, no podríamos de ninguna manera aceptar la pretensión de que la oposición fue derrotada. No cuando el país tiene hoy una oposición consistente y verdadera, por primera vez en cuatro años.
Si hubo aquí algún derrotado fue el intento de fragmentar la oposición y dispersar el voto. Aquellas candidaturas que el gobiernos propició, esperando que la fuerza de la oposición se distribuyera en varias facciones, fracasó. El debate entre modelos de estado se ha consolidado, mientras que las terceras "opciones" que propiciaba el gobierno, son más débiles y lograron menos que en los comicios generales de hace cuatro años.
Dos serán las tareas de nuestros asambleístas hoy: legislar soluciones y transparentar el manejo estatal.
Nuestra experiencia municipalista y prefectural de los pasados cuatro años nos permitió emprender tareas de desarrollo que encontraron un límite en la ausencia de representación parlamentaria. Hubo políticas de seguridad y de empleo que requerían - y que jamás tuvieron - acompañamiento legislativo. Hoy, desde el Congreso, legislaremos esas soluciones que demanda el país para completar los esfuerzos inconclusos hechos desde las prefecturas.
Por otra parte, nuestra presencia parlamentaria servirá para fiscalizar y buscara garantizar la mayor transparencia posible en el manejo estatal. Esta bancada no se funcionalizará al MAS, ni encubrirá o se asociará a la aprobación de despropósitos contra la democracia como fueron la ampliación de la Constituyente en 2007, la aprobación del Revocatorio inconstitucional en 2008 o la aprobación del Referéndum Constitucional en 2009.
Por todo ello, convocamos a los bolivianos a no perder la esperanza, a seguir creyendo y a seguir confiando en que ahora Bolivia tiene una oposición moral, que la trinchera que nos ha dado la democracia no es más pequeña que un periodo atrás, pero que defintivamente su composición es mucho más íntegra.
Recuperar la democracia no se logrará en una elección. Que Dios nos acompañe en esta sostenida tarea.
Manfred Reyes Villa
