Los bolivianos deben saber que mi condición es la de cualquier ciudadano garantizándose el derecho a la libre circulación y poniéndose a salvaguarda del persistente intento de detenerme políticamente,instruido de manera pública y en más de una ocasión por el presidente Evo Morales. El sábado 19 de diciembre de 2009, en la ANAPOL, reiteró su sentencia: Manfred debe ser detenido.
Las continuas y permanentes amenazas del primer mandatario, quién ya me juzgó declarándome
culpable previo a cualquier investigación o juicio legalmente establecido; amenazando con sanciones a la Policía Nacional de no lograr mi captura, ponen en evidencia el estado de indefensión al que pueden llegar en muy corto plazo el resto de los bolivianos.
No me persigue la justicia y no hay una orden de aprehensión en mi contra. No he dado un solo motivo para tal extremo, pese a que se pretende procesarme fuera de la jurisdicción y la competencia que dicta la ley. Por eso, denuncio que la persecución instruida por el gobierno en contra mía, de mi familia y mis colaboradores, es un atropello injustificable, nacido del odio y la intolerancia política.
Ninguna acusación de conducta antieconómica en mi contra tiene el respaldo de una auditoría que fundamente las sindicaciones y en ningún caso se me demanda desde instancias afectadas por esos supuestos delitos. Mi acusador es siempre el gobierno, a través de sus ministros, viceministros o interventores, que en la mayoría de casos actúan sin tener parte en los procesos.
Y no me demandan instancias independientes del gobierno, sino entidades intervenidas por sus agentes políticos. No me acusa un Contralor General que haya sido nombrado por dos tercios del Congreso, ni me demanda un Prefecto de Cochabamba electo por voto popular. El contralor y prefecto interinos son diputados oficialistas, nombrados discrecionalmente por el presidente Morales y sus dictámenes son acciones políticas que responden a su mandante y no al derecho.
Pero el gobierno no ignora que sus acusaciones no tienen efecto jurídico posible. Entiende la
improcedencia e improbabilidad de sus demandas pero igual las lleva adelante porque no le interesa la verdad sino generar un efecto de descalificación. No le importa el resultado jurídico sino crear un clima de criminalidad en torno mío y dudas en la opinión pública para ejecutar mi eventual detención.
Por mi parte reafirmo mi decisión de asistir, como hago desde hace 8 meses, a toda convocatoria
judicial en que sea imperativa mi comparecencia y recalco que no hubo una audiencia a la que no haya asistido, salvo que me estuviera legalmente permitido abstenerme.
Demando condiciones para que la justicia se administre en independencia del poder político y en el marco del debido proceso. Esto no será posible en tanto organismos internacionales, cuyos veedores electorales han reconocido la ausencia de garantías jurídicas en el país, no empiecen a abogar por la restitución del control de constitucionalidad y de una Corte Suprema de Justicia donde podamos ampararnos de jueces que, apoyados en el poder político, se prestan a enjuiciarnos sin competencia.
No se puede esperar justicia mientras las entidades de fiscalización permanezcan intervenidas y la inconstitucionalidad de sus acciones no se pueda impugnar. De no ser restituidas en breve las garantías de debido proceso en el país, me declaro dispuesto a someterme a tribunales internacionales que esclarezcan la verdad sin la presión política de ningún gobierno.
Ningún resultado electoral le da derecho a un gobernante a violar garantías elementales para eliminar a quienes disienten y no le sirve al país tener otro líder de la oposición bajo reclusión política. Un ex prefecto, alcaldes y dirigentes cívicos purgan encierro sin tener sentencia y tras ser aprehendidos por el gobierno sin respetarse el debido proceso. Bolivia no debe olvidar ese hecho fundamental.
Bolivia, 25 de diciembre de 2009
Manfred Reyes Villa Bacigalupi
Ex candidato a la Presidencia de Bolivia
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